Por Juan Pablo Ojeda
El exdirector de la División de Operaciones Especiales de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Derek Maltz, exigió formalmente al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, la captura y extradición de 10 funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa. El requerimiento técnico se fundamenta en las acusaciones formales presentadas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, las cuales vinculan a los servidores públicos con operaciones de narcotráfico y lavado de dinero para la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
La solicitud de detención e inicio de procesos de extradición hacia la corte de Nueva York fue emitida a través de canales digitales oficiales de supervisión internacional. Maltz, quien encabezó la agencia estadounidense del 20 de enero al 2 de mayo de 2025, especificó que el éxito de los indicadores de seguridad en la frontera bilateral depende directamente del desmantelamiento de las redes de protección institucional dentro del aparato burocrático mexicano.
El expediente penal del Distrito Sur de Nueva York incluye al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al senador del partido Morena, Enrique Inzunza Cázarez. Las auditorías judiciales de la fiscalía estadounidense señalan que la estructura de protección abarcaba el control de las policías locales, la administración de finanzas estatales y mandos retirados de las fuerzas armadas asignados a la seguridad pública de la entidad.
De acuerdo con las métricas de la DEA, la infraestructura de los cárteles transnacionales requiere de redes logísticas facilitadas por servidores públicos para operar delitos de alto impacto como la extorsión, el tráfico de personas y la importación de precursores químicos. El exfuncionario estadounidense enfatizó que la permanencia de actores políticos corruptos en el esquema de poder permite la adaptación y supervivencia financiera de las empresas criminales.
La lista de objetivos prioritarios señalados por la justicia estadounidense contempla a Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán, y a Dámaso Castro Zaavedra, exvicefiscal general de Sinaloa. Asimismo, se encuentran bajo proceso formal el general de división retirado Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública estatal, y Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de la entidad.
El requerimiento operativo transmitido a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) subraya que las investigaciones bilaterales deben ejecutar órdenes de aprehensión inmediatas contra los exjefes policiales Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez. La red delictiva se complementa con mandos operativos como José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, y el excomandante municipal Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”.
Los procedimientos de cooperación internacional en materia de justicia penal entre México y Estados Unidos supeditan los fondos de asistencia técnica a la efectividad en el cumplimiento de las órdenes de arresto con fines de extradición. La Fiscalía de Nueva York mantiene activos los esquemas de congelamiento de activos financieros de los 10 acusados, argumentando la necesidad de estrangular los flujos de capital que ingresan al sistema bancario internacional desde el noroeste mexicano.
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