Por Juan Pablo Ojeda
El Gobierno de México emitió un pronunciamiento formal dirigido a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) para exigir una revisión profunda sobre las políticas de comercialización y la fijación de precios en las entradas del Mundial 2026. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó que el encarecimiento del boletaje, con tarifas que alcanzan los 68,000 pesos por asiento, violenta el carácter social del deporte y restringe el acceso de la ciudadanía a una infraestructura que recibe soporte y facilidades de seguridad por parte del erario público.
La mandataria federal cuestionó el modelo corporativo que rige el torneo global, señalando que los organismos internacionales anteponen el beneficio financiero sobre la función de integración cultural que justifica la postulación de los países como sedes. Sheinbaum subrayó que su administración no desconoce la naturaleza mercantil del evento, pero enfatizó que los márgenes de ganancia no deben construirse a partir de la exclusión sistemática de la población local de los estadios que se ubican en su propio territorio.
La fiscalización del gasto público asociado a la organización del Mundial es uno de los ejes que subyacen a la postura de la Presidencia de la República. El Estado mexicano despliega recursos económicos, materiales y de personal de la Guardia Nacional y policías locales para garantizar la viabilidad logística de los partidos en las tres sedes del país. Esta inversión pública en seguridad y vialidad contrasta, según la postura oficial, con el esquema de venta de boletos tasado exclusivamente en dólares estadounidenses.
Asimismo, la jefa del Ejecutivo puso bajo escrutinio la pérdida de gratuidad en las transmisiones televisivas del torneo, un fenómeno derivado de las licitaciones corporativas de derechos de transmisión. La migración del contenido hacia plataformas de streaming privadas limita el derecho al esparcimiento de las familias de bajos recursos, obligando al Estado a destinar presupuesto extraordinario para la colocación de pantallas gigantes y la habilitación de plazas públicas con conectividad satelital libre.
La estrategia del «Mundial social» es presentada por la administración federal como una medida contracíclica frente a las dinámicas del mercado deportivo internacional. Las contralorías locales vigilarán que el uso de los espacios públicos asignados para los sectores de la población que no pueden pagar servicios de televisión restringida se mantenga libre de comercialización partidista o explotación de marcas no patrocinadoras, garantizando la neutralidad de los recintos de convivencia.
Por su parte, diputados de las comisiones de juventud y deporte del Congreso de la Unión adelantaron la necesidad de revisar los convenios fiscales celebrados con las empresas concesionarias de los estadios en Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. El objetivo es analizar si los beneficios arancelarios otorgados para la remodelación de los inmuebles deportivos corresponden con el impacto social y los beneficios económicos reales que se transfieren a las comunidades donde se desarrollan los encuentros.
La postura fijada en Palacio Nacional sienta una línea de supervisión gubernamental sobre las industrias del entretenimiento masivo en el país. El Gobierno de México mantendrá la operación de las zonas de visualización gratuita durante toda la vigencia de la competencia, al tiempo que documentará los niveles de acceso de la población para formular una propuesta técnica de regulación de eventos masivos que prevenga la especulación y garantice un porcentaje de acceso social en futuras justas internacionales.
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